Las recientes medidas de las municipalidades, en respuesta al incidente ocurrido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, han resultado en consecuencias adversas que afectan gravemente a la economía local. En lugar de resguardar la seguridad de los usuarios, estas medidas han provocado la suspensión de 100,000 empleos, tanto directos como indirectos.
Asimismo, más de 2,500 negocios, que incluyen locatarios y módulos de ventas, han cesado sus operaciones. Estas entidades, que cuentan con compromisos financieros y nuevos inventarios para la campaña escolar, se encuentran ahora en una situación crítica a raíz del cierre indiscriminado de los centros comerciales.
Ayer se clausuraron dos malls más, elevando la cifra a 29. Con esto, casi un tercio (31.9%) de los centros comerciales en operación en el país permanece cerrado, afectando a miles de trabajadores y negocios que dependen de estas instalaciones.
Uno de los centros comerciales clausurados recientemente es el Plaza Lima Sur, un establecimiento de 116,460.7 m², que es más de diez veces el tamaño del Estadio Nacional. Propiedad de Cencosud y ubicado en un terreno del Ejército del Perú en Chorrillos, este mall se encuentra cerrado temporalmente debido al desprendimiento de diez baldosas del techo del patio de comidas, un hecho que se habría vinculado a un temblor que ocurrió esa misma mañana.
La Municipalidad de Chorrillos, a través de su subgerente de Inspección y Control de Sanciones, Roland Jayo, justificó la clausura al mencionar «riesgos detectados en la infraestructura», aunque no se proporcionaron pruebas concluyentes que respaldaran la decisión de cerrar por completo esta instalación comercial, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y legitimidad de las acciones tomadas.
“Las municipalidades están fiscalizando y haciendo su trabajo ex post, pero cerrando los centros comerciales, cuando lo normal cuando te fiscaliza la municipalidad es que los comercios tienen dos días para subsanar”, sostuvo a Perú21, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).
¿Cuál es el impacto del cierre de los centros comerciales?
De acuerdo con la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la clausura de 29 centros comerciales ha tenido un impacto significativo en el empleo, afectando a 65,000 trabajadores con empleos directos, muchos de los cuales dependen de ingresos variables. Además, esta situación ha provocado la pérdida estimada de aproximadamente 35,000 empleos indirectos.
Alrededor de 1,500 locatarios han cesado sus operaciones, enfrentando severas pérdidas económicas. De manera similar, más de 1,000 módulos de venta situados en los pasillos de los centros comerciales, que habían tomado el camino de la formalidad, están sufriendo las consecuencias de esta crisis.
Las empresas proveedoras de productos perecibles, tales como frutas, verduras, carnes y embutidos, también están entre las principales afectadas. La restricción de acceso al público ha llevado a que los supermercados, ubicados en estos centros comerciales, se vean obligados a desechar productos que no pueden ser vendidos. «Si bien es cierto que hubo una tragedia, la situación ha llegado a un extremo y se ha convertido en una búsqueda de notoriedad por parte de los municipios» señaló Contreras.
Crítica a la gestión municipal
Por su parte, el exministro de Economía, David Tuesta, ha señalado que el cierre masivo de centros comerciales es resultado de la incapacidad de las municipalidades para llevar a cabo una supervisión y fiscalización efectivas. Esta problemática estaría vinculada a una deficiente descentralización de responsabilidades en los gobiernos subnacionales, lo que ha contribuido a la actual crisis en el sector comercial.
Tuesta ha señalado que el actual desafío en la emisión del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) corrobora la crisis en la supervisión municipal. En la actualidad, las municipalidades tienen la autoridad para emitir certificados relacionados con la construcción, demolición, ITSE y funcionamiento de edificaciones.
La duración de la vigencia del ITSE ha fluctuado a lo largo del tiempo, pasando de un año a 10 y luego a dos años. Sin embargo, Tuesta sostiene que la efectividad en la seguridad de las edificaciones no depende del tiempo de validez de este certificado, sino de la capacidad de las municipalidades para contar con ingenieros qualificados que estén en condiciones de verificar las estructuras adecuadamente.
El exministro ha argumentado que la falta de ingenieros competentes en las municipalidades conduce a la incapacidad de prevenir tragedias como la ocurrida en el Real Plaza de Trujillo. Asimismo, esto provoca que las autoridades actúen de manera desproporcionada ante incidentes menores, como el desprendimiento de baldosas que llevó al cierre del Plaza Lima Sur. «¿Cuál es la reacción del que no sabe qué hacer?: repartir palo a todo el mundo, cierro y se acabó. Como no sé qué hacer, cierro todo», subrayó Tuesta.
Responsabilidad de inspección
Tuesta, quien también es presidente del Consejo Privado de Competitividad, ha propuesto que una de las primeras medidas para paliar esta falta de capacidades en los gobiernos subnacionales es establecer un sistema de acreditación para el capital humano encargado de la aprobación de obras e inspecciones en edificaciones a través de los más de 1,000 municipios del país.
En caso de que las municipalidades no cuenten con los ingenieros necesarios para la adecuada verificación de edificaciones, se sugiere que esta responsabilidad sea transferida a entidades de gobierno subnacional superiores, como las municipalidades provinciales, gobiernos regionales o alguna instancia del Ejecutivo central.
Mientras, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, sostiene que la clausura de centros comerciales responde a una sobrerreacción por parte de las autoridades, motivada en parte por el temor a consecuencias legales, ya sean penales o civiles, si se llegara a presentar un incidente en su jurisdicción debido a una omisión en el cumplimiento de sus funciones. No obstante, advierte que esta situación podría propiciar prácticas de corrupción y extorsión.
Ante este contexto, David Tuesta ha afirmado que el gobierno central no debe ignorar la problemática que enfrentan los gobiernos subnacionales. Resaltó que los centros comerciales son una fuente crucial de consumo en el país y, por lo tanto, su sostenibilidad es vital para la economía.
Impacto en la regulación e inversión privada
El exministro hizo hincapié en que el Ejecutivo, como parte de un esfuerzo para promover un entorno regulatorio amigable que fomente la inversión privada, debe reconocer que no puede delegar la tarea de inspección de certificaciones a autoridades sin las capacidades adecuadas para llevar a cabo esta función.
Aseguró que, de no tomarse medidas efectivas, la posibilidad de alcanzar un crecimiento del 4%, como señaló el ministro de Economía, José Salardi, se verá comprometida. «Nadie dice que se le quite esa autoridad al municipio, pero este debe acreditar que cuenta con el personal calificado para hacer ese trabajo», concluyó.
