El inicio de 2025 marca un punto de inflexión para la industria automovilística europea con la entrada en vigor de la normativa ‘CAFE’ (Emisiones de Combustible Medias Corporativas).
Este reglamento establece que los vehículos vendidos en los 27 países de la Unión Europea deberán emitir un promedio máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro, una cifra que se endurecerá a 49,5 gramos en los próximos años.
Así las cosas, el incumplimiento de estos límites conllevará sanciones de 95 euros por cada gramo excedido, lo que podría traducirse en multas multimillonarias. De acuerdo con estimaciones, las penalizaciones oscilarían entre los 5.100 millones de euros en un escenario optimista y hasta 16.000 millones en el peor de los casos, dependiendo del desempeño de los fabricantes en la venta de vehículos de bajas o cero emisiones.
La industria al límite
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), ha advertido que alcanzar estos objetivos es más desafiante que nunca. «Esta vez es necesaria una interacción fluida de factores dentro y fuera del control directo de los fabricantes», señaló un portavoz.
Actualmente, los carros eléctricos representan apenas el 13% de las ventas en Europa, lejos del 23% necesario para cumplir con las exigencias de la normativa. Esto obliga a los fabricantes a considerar medidas drásticas, como reducir la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentar multas.
A esto se suma que la industria teme perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, lo que podría impactar en innovación, empleo y competitividad. Sin embargo, los miembros de la ACEA han comprometido 250.000 millones de euros para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica.
Presión sobre Bruselas y divisiones internas
Hay que mencionar que varios países han intentado sin éxito retrasar la normativa. Francia, por ejemplo, intentó formar una coalición contra la alemana Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Por su parte, Italia solicitó una revisión exhaustiva ante el temor de un posible «colapso» de la industria.
En Rumanía, hogar de Dacia (grupo Renault), existe preocupación por la falta de un catálogo sólido de vehículos eléctricos, a excepción del modelo Spring, que es importado desde China. Este panorama subraya las dificultades de la electrificación en países con menos recursos industriales.
Por lo pronto, debemos indicar que la normativa ‘CAFE’ es ambiciosa y se ve como necesidad para avanzar hacia la neutralidad climática, pero también plantea retos significativos para una industria automotriz que enfrenta presiones económicas, tecnológicas y sociales.
