En septiembre del 2015 el mundo cambió. La industria del automóvil se enfrentó a una de sus crisis más fuertes hasta la fecha, el famoso Dieselgate. El Grupo Volkswagen fue acusado por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de mentir y falsear las emisiones de óxidos de nitrógeno de sus vehículos. Para muchos fue el inicio del cambio hacia un nuevo sistema de movilidad. A raíz de la crisis de los alemanes, muchos fabricantes fueron investigados y sancionados por la misma causa. Ahora, casi una década más tarde, los problemas vuelven a surgir, ahora en las filas del Grupo Stellantis.
En 2021 se constituyó uno de los conglomerados automovilísticos más grandes del mundo, Stellantis, forjado mediante la unión de los Grupos PSA (Peugeot Société Anonyme) y FCA (FIAT-Crysler Automóviles). La unión hizo la fuerza y desde entonces la compañía operada por Carlos Tavares se ha posicionado como una de las más fuertes del mercado. Su sede está localizada en Ámsterdam, Países Bajos, y controla 14 marcas diferentes a escala global, entre ellas FIAT y Chrysler, que son las que ahora reciben toda la atención a raíz de una demanda colectiva interpuesta ante los tribunales de Países Bajos.
Para Stellantis la denuncia carece de todo sentido
La fundación holandesa sin ánimo de lucro, Fiat-Chrysler Investors Recovery Stichting, asegura que las dos principales marcas del antiguo conglomerado FCA, no revelaron la instalación de un software ilegal en sus vehículos con el único objetivo de encubrir las emisiones contaminantes durante, al menos el periodo comprendido entre el 2014 y el 2017. Como resultado, tal y como relata el asesor legal de la fundación, el fabricante de automóviles perjudicó significativamente a los inversores que compraban y/o mantenían acciones de la compañía. El bufete de abogados encargado de gestionar la demanda es Scott+Scoot.
Desde el Grupo Stellantis no se ha hecho esperar la respuesta, considerando que la demanda “carece de fundamento” y que se defenderán enérgicamente en los tribunales. La denuncia les fue comunicada el pasado 27 de agosto. El próximo 4 de diciembre se sabrá la decisión del juez sobre los próximos pasos de la demanda. El despacho de abogados asegura que más inversores pueden sumarse a la demanda colectiva, principalmente aquellos que compraron o retuvieron títulos de la compañía en la bolsa de Milán entre octubre del 2014 hasta mayo de 2017.
No cabe duda que Stellantis se muestra muy molesta con las nuevas acciones legales. En 2022, la antigua división FCA llegó a un acuerdo y se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos por el fraude en las emisiones de partículas contaminantes de sus vehículos diésel. La empresa tuvo que pagar, aproximadamente, 300 millones de dólares en multas para resolver la investigación. La nueva reclamación holandesa está financiada por un inversor externo asociado con el administrador de activos estadounidense Fortress Investment Group, tal y como recoge la página web de la fundación.
